La precariedad laboral y la privatización de los Servicios Públicos MATAN

 

Ya han pasado 5 años del Decreto de Estado de Alarma cuya medida principal para contener el virus y evitar el colapso del sistema sanitario fue el confinamiento. De esa etapa de nuestras vidas que ahora parece lejana debíamos haber salido mejores, más solidarios y apoyando más a los Servicios Públicos dotándoles de más recursos, porque en aquellos momentos, el personal sanitario (el más visible de todo el sector de cuidados) estaba realizando su labor en unas condiciones laborales muy precarias y lamentables. 

Pero, hace 5 años también había otro sector de los cuidados pero MENOS visible, y ese era el de la INTERVENCIÓN SOCIAL. Las residencias de mayores y de personas con discapacidad son recursos sociosanitarios y fueron muy visibles, pero nadie sabe en qué condiciones trabajaban (y trabajan) las compañeras educadoras, trabajadoras, integradoras sociales, pedagogas y psicólogas en centros de Protección de Menores, en centros de menores con medidas judiciales y en viviendas tuteladas. En aquella época fue una auténtica pesadilla para las compañeras y hace una semana la compañera educadora social, María Belén Cortés Flor fue asesinada a manos de dos menores ESPAÑOLES (NO eran niños o niñas migrantes sin referentes familiares como afirman algunos sectores). Pero ese asesinato es una consecuencia de años de precariedad y de externalización de Servicios Sociales Específicos que deberían ser de gestión 100% PÚBLICA.

La privatización de servicios públicos ha arrebatado la vida de nuestra compañera, ¿Cuántas compañeras tienen que sufrir esto para que nos demos cuenta que lo público SALVA VIDAS (y no solo la Sanidad Pública)?

Las compañeras profesionales que trabajan en el Sistema de Protección de Menores y de Justicia Juvenil estan SOLAS sin ningún tipo de seguridad con una ratio de menores enorme y con una gran diversidad que ellas solas NO pueden atender adecuadamente (mezclan menores con medidas judiciales con los del sistema de protección, con grandes diferencias de edad, con menores con enfermedades mentales o con problemas de adicción o menores con discapacidad). Además las compañeras cobran un salario que roza el SMI SIN PLUSES DE PELIGROSIDAD, NI NOCTURNIDAD Y TAMPOCO COBRAN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS  en los que están de guardia. 

Asumen la tutela de estos menores sin ningún tipo de seguridad mientras que hay entidades (no todas) que incumplen los Convenios Estatales de Protección de Menores y Reforma Juvenil. Esto lo llevan denunciando las compañeras desde hace años, e incluso décadas. 

Le hemos dado muchísima importancia a la Sanidad Pública y eso está genial, pero los cuidados desde el ámbito de los Servicios Sociales también deberían de reconocerse desde la sociedad e impedir que NINGUNA COMPAÑERA MÁS PIERDA SU VIDA por hacer su trabajo. 

Que educar y cuidar NO nos cueste la vida.